El Retín: Cuarenta y cinco años de una deuda que sigue sin nombre

Esta semana, la Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) que insta al Estado a compensar económicamente a Barbate por la ocupación de la Sierra del Retín, y nosotros aprovechamos para valorar sus posibilidades de éxito, hacer memoria y defender un derecho medieval que tenemos los barbateños.

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El origen

En agosto de 1981, el Estado utilizó la Ley de Expropiación Forzosa para cercenar la Sierra del Retín. Bajo el pretexto de la "urgencia", se ocuparon más de 5.300 hectáreas, pero la oposición de nuestros políticos locales no fue mucha, se creyeron las promesa de modernidad y prosperidad. El Estado vendió la instalación del campo de adiestramiento como un motor de desarrollo, asegurando a Barbate que la presencia militar traería consigo inversiones, empleo técnico y un futuro de progreso que compensaría la cesión de tierras. La realidad es patente, Barbate perdió el 40% de su término municipal a cambio de prácticamente nada. Pero lo que a menudo se olvida en las crónicas es que aquello no fue solo una expropiación de suelo público, sino el expolio de un derecho histórico inembargable y el patrimonio de las familias: las Hazas Comunales en que se sustentan las Hazas de Suerte.

1981: El año del zarpazo

El Estado pagó 223 millones de pesetas por el conjunto de los terrenos: 5.300 ha. En ese lote iban incluidas 800 hectáreas, el equivalente a 70,5 Hazas de Suerte, que pertenecen al común de los vecinos. Estas hazas siguen vivas, siguen presentes en el Sorteo:ahora su rendimiento es financiero -los intereses bancarios de su valor de expropiación- y no el del arrendamiento de las tierras. Si en algún momento el Estado establece compensaciones, debe haber dos beneficiarios: el Ayuntamiento de Barbate y el Común de los Vecinos, legítimos herederos de un derecho medieval vigente.

Mientras el Estado se quedaba con la tierra, el pueblo perdió oportunidades de desarrollo y los vecinos perdieron algo más que terreno: perdieron el derecho consuetudinario a trabajar la tierra o arrendarla y una parte de su identidad cultural.

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La breve crónica de las "promesas en blanco"

Desde entonces, la reivindicación de El Retín se ha convertido en un "bucle electoral".

• El patrón recurrente: Cada vez que se acercan elecciones, la Sierra del Retín vuelve al Congreso. En 2017, con el apoyo de Unidos Podemos, se aprobó una PNL similar a la actual. El resultado fue un silencio administrativo absoluto. El Gobierno de turno, ya fuera del PP o del PSOE, ha practicado sistemáticamente la "política del gesto": votar a favor en comisión para evitar el desgaste, pero sin mover ni un euro en los Presupuestos Generales del Estado.

• El cambio de escenario: Hoy, la PNL promovida por Sumar, con el apoyo del PP -quién sabe si ante la cercanía de las elecciones autonómicas andaluzas-, vuelve a poner el foco en la herida. Pero la pregunta que los vecinos de Barbate deben hacerse es: ¿Estamos ante un compromiso real o ante otro capítulo de cinismo político y desvergüenza?

El reto del presente

La aprobación de esta nueva PNL es un éxito de presión institucional o solo una promesa más, pero no es una victoria para el vecino ni un compromiso firme, cuya única vía es la presupuestaria.

Si ocurriera el milagro y llegaran los 400 millones y los 4 de carácter anual, Barbate tiene que estar preparado. No solo debe tener un plan de futuro para nuestro pueblo consensuado entre agentes políticos y sociales, sino que debe tener claro que un 15 % de esos dineros son de los vecinos y no del Ayuntamiento. Urge una reforma del reglamento de Hazas de Suerte que contemple que el sorteo se celebre con mayor frecuencia.

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El padrón vigente de las Hazas de Suerte sigue siendo el de los cabezas de familia de 1960. Un disparate que condena a muchas familias a ver cómo su derecho histórico se diluye antes de poder ejercerlo. La reforma del reglamento de Hazas no es solo una cuestión administrativa, es una cuestión de justicia social y regeneración. Si realmente queremos que el Retín deje de ser una losa y vuelva a ser un motor, debemos asegurar que cualquier compensación que llegue del Estado —ya sea en forma de plan de singularidad o de indemnización anual— no se pierda en los engranajes de la burocracia, sino que llegue al común de los vecinos. El derecho de mi abuelo y el de tantos otros no puede seguir cautivo de un padrón de posguerra ni de las promesas de despacho. Es hora de recuperar, modernizar y democratizar el legado de nuestras tierras. Mi abuelo Abelardo Gandiaga -valga de ejemplo-, aún en el padrón, solo tiene dos descendientes directos vivos de sus 12 hijos, y ambas tienen más de 80 años.

El periodo de arrendamiento de las tierras no tiene por qué coincidir con el disfrute del derecho económico por parte de los vecinos. Solo así habrá posibilidad de que todos los barbateñas nos beneficiemos de ese derecho histórico, derecho que tenemos que hacer valer en el presente.