La batalla del agua en Barbate: Manuel Gil desvela nuevas irregularidades y advierte de una "bestial" subida
Manuel Gil, el ciudadano que destapó el "fraude de los contadores" de Aqualia en Barbate, vuelve a la carga con nuevas y graves denuncias sobre la gestión del servicio de agua, advirtiendo de una inminente subida de tarifas y señalando presuntas ilegalidades en el proceder del Ayuntamiento. Sus revelaciones dibujan un panorama de constantes desafíos para los usuarios y de una persistente inacción municipal.
El Histórico "Fraude de los Contadores": Un Precedente Caro
Gil recuerda que la polémica con Aqualia no es nueva. En 2014, él mismo inició una reclamación clave: Aqualia cobraba indebidamente por el cambio de contadores (de 13mm a 15mm), una práctica que aumentaba la factura sin justificación. Manuel Gil, apoyado por FACUA, logró que la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía y, posteriormente, la Consejería de Industria, les dieran la razón. Incluso el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz falló en contra de Aqualia, confirmando que la empresa debía reintegrar el dinero cobrado de más.
Este hito resultó en la devolución de más de 100.000 euros a miles de barbateños. Sin embargo, Gil critica duramente la inacción del Ayuntamiento de Barbate bajo el alcalde Miguel Molina, que a pesar de estas victorias judiciales ciudadanas, no inició ningún procedimiento sancionador contra Aqualia. Esta falta de respuesta, según Gil, ha llevado a que actualmente varios miembros del Ayuntamiento y de Aqualia estén inmersos en un procedimiento penal en un juzgado de Barbate, a raíz de denuncias de particulares ante la Fiscalía.
Nueva Alerta: La Inminente Subida del Agua y las Alegaciones Ignoradas
La preocupación de Manuel Gil se intensifica ante una nueva medida prevista para julio de 2025: la equiparación al alza del coste del agua para los contadores de 13 mm y 15 mm. Esta subida se implementará bajo una nueva figura legal, la "prestación patrimonial de carácter público no tributario", en sustitución de las tasas actuales. Gil vaticina una "bestial subida de la facturación" que afectará a todos los usuarios.
La Plataforma por la Gestión del Agua Pública en Barbate presentó alegaciones contra esta nueva ordenanza, considerándolas ilegales. La grave denuncia de Gil es que estas alegaciones han sido "inadmitidas a trámite" de forma unilateral por el gobierno municipal. Según Gil, esta acción es "antidemocrática" e "ilegal", ya que las alegaciones dirigidas al Pleno Corporativo deben ser debatidas en Pleno para su aprobación o rechazo, no simplemente rechazadas sin debate. Esta inadmisión, anticipa, será objeto de una nueva demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo.
Los Argumentos Legales de Manuel Gil: ¿Irregularidades en la Nueva Ordenanza?
Manuel Gil fundamenta sus acusaciones de ilegalidad en varios puntos clave del derecho español:
Artículo 31.3 de la Constitución Española: Gil invoca este artículo ("Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley") para cuestionar la legalidad de la nueva prestación sin un respaldo legislativo claro y un procedimiento adecuado.
Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) - Disposición Transitoria Primera: Este es el punto más contundente de su argumento. Gil señala que el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Esta disposición establece claramente que los expedientes de contratación iniciados y los contratos adjudicados antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 "se regirán" por la normativa anterior en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción. Dado que el contrato de concesión con Aqualia se firmó el 25 de mayo de 2012 (antes de la LCSP de 2017), la lógica de Gil es que cualquier modificación o aplicación de nuevas figuras tarifarias debería regirse por la legislación anterior. La aplicación de una "prestación patrimonial de carácter público no tributario", una figura legal que se consolidó con la LCSP de 2017 y normativas posteriores, a un contrato anterior es precisamente un punto de controversia legal en España.
Las afirmaciones de Manuel Gil, especialmente en cuanto a la Ley de Contratos del Sector Público, tienen una base sólida. La Disposición Transitoria Primera de la LCSP efectivamente indica que los contratos anteriores se rigen por la normativa vigente en el momento de su adjudicación. Esto significa que la introducción de nuevas figuras como la "prestación patrimonial de carácter público no tributario" en un contrato preexistente de concesión (que anteriormente operaba bajo un régimen de tasas) sin una adaptación legal adecuada, puede ser objeto de controversia jurídica y es un terreno donde la jurisprudencia ha tenido que intervenir en otros municipios.
La inadmisión de alegaciones a una ordenanza sin un debate en el órgano plenario competente también es una práctica que se ha considerado irregular en muchos casos, ya que el proceso de participación ciudadana exige que las alegaciones sean valoradas por la corporación.
En suma, Manuel Gil no solo es la memoria viva de la gestión del agua en Barbate, sino también una voz crítica que advierte de las implicaciones legales y económicas de las decisiones municipales, insistiendo en que el servicio de agua, aunque gestionado por Aqualia, sigue siendo municipal y, por tanto, responsabilidad del Ayuntamiento.
