Lo que está a la luz, a veces, necesita candil
El despropósito de la investigación del asesinato de dos guardiaciviles en el puerto de Barbate en febrero de 2024 es constante. Al horror por el crimen, se sumó la vergüenza y la indignación porque algunos espectadores que seguían en directo el atentado lo aplaudieron; y poco después sentimos el mismo bochorno porque a pesar de la abundancia de grabaciones no se identificaba a los asaltantes y finalmente asesinos. A su vez, desde el principio, las controvertidas decisiones políticas han marcado la actualidad sobre el caso, teniendo su última etapa en las denuncias a Marlaska de la comisión del Parlamento Europeo que recientemente ha visitado Barbate.
El germen de la tragedia se encuentra en una decisión política que desarmó a los agentes ante la embestida del crimen organizado. En los días previos al suceso, Interior había prohibido que las patrulleras de menor tamaño (como la que resultó hundida) salieran a interceptar narcolanchas en el mar. Esta directriz se interpretó como una medida de seguridad ante la falta de medios, pero obligó a los agentes a afrontar una intervención de altísimo riesgo con recursos limitados y, peor aún, en una zona especialmente peligrosa como la bocana del puerto, donde las narcolanchas buscan refugio ante el temporal o la persecución.
En el momento de la embestida, la lancha de los agentes, notablemente inferior y menos potente que la narcolancha, no debió estar allí, enfrentándose a la que era, literalmente, una mole de fibra de tres o cuatro motores. Esta decisión de operatividad, marcada por la precariedad de medios y las directrices políticas restrictivas, fue señalada por las asociaciones de la Guardia Civil como una negligencia que colocó a los agentes en una situación de indefensión absoluta.
El primer gran desatino en la investigación se produjo en las horas inmediatamente posteriores a la tragedia. Se encarceló a un grupo de individuos, incluido un conocido narco local, a quienes se acusó de pilotar la narcolancha asesina. Meses después, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la propia Guardia Civil demostró que la embarcación implicada era otra. La lancha de los primeros detenidos no fue la que embistió a la patrullera. Los acusados de asesinato quedaron en libertad en relación a este cargo, pero la mancha de la precipitación y la ineficacia ya estaba puesta sobre el inicio de la instrucción.
El segundo revés, de carácter judicial, llegó desde la Audiencia Nacional. El magistrado que inicialmente tomó la causa decidió tipificar el asesinato como un delito de terrorismo, argumentando que la acción buscaba intimidar al Estado para facilitar el crimen organizado. Una decisión que fue finalmente corregida por el Tribunal Supremo (TS). El Alto Tribunal rechazó el terrorismo, y devolvió el caso a la Audiencia Provincial de Cádiz como un doble asesinato agravado. Este baile de sedes judiciales solo sirvió para añadir más confusión y sensación de provisionalidad e improvisación.
Pero el mayor despropósito apunta directamente a la cúpula del Ministerio del Interior. El Ministro Fernando Grande-Marlaska no solo tuvo que hacer frente a las críticas por el desmantelamiento de la unidad OCON-Sur, sino que ahora se enfrenta a una acusación mayor. Una reciente misión de eurodiputados del Parlamento Europeo, que viajó a Cádiz para investigar la falta de medios, ha concluido que Interior ocultó o eliminó pruebas al ordenar el traslado de la lancha siniestrada de la Guardia Civil justo antes de su llegada. Esta acción ha sido calificada de "grave obstáculo para la transparencia" por la Eurocámara, que ve en la maniobra un intento de alterar el escenario y obstruir el conocimiento de las deficientes condiciones en las que operaban los agentes.
La guinda al pastel la pone otra decisión del Interior, el ascenso de los mandos implicados en el operativo fallido que condujo a la muerte de los agentes.
Mientras tanto, casi dos años después, en los últimos días hemos vuelto a ver narcolanchas al refugio del puerto de Barbate y la zona sigue sin declararse de Especial de Seguridad, lo que permitiría una dotación permanente de medios y personal. El Gobierno se niega, poniendo en riesgo a los agentes y a los barbateños.
La causa judicial, a paso de caracol; las actuaciones políticas para esclarecer los hechos y mejorar la dotación, indignas; y, mientras tanto, siguen manchando el nombre de Barbate y usándolo en vano.
